El cuarto informe del Observatorio de Participación e Inclusión Electoral (Opine) advirtió que el llamado Plan B de la reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea riesgos para el federalismo al imponer criterios desde el ámbito federal a los congresos locales.
De acuerdo con el cuarto análisis realizado por Opine, varias de las medidas contempladas en la propuesta trasladan decisiones sobre la integración de ayuntamientos y estructuras locales sin considerar las particularidades de cada entidad, lo que “puede vulnerar la autonomía de los estados y municipios”.
En este contexto, el organismo también cuestiona el argumento de austeridad que acompaña la iniciativa, particularmente en lo relativo a la eliminación de regidurías. Señala que el supuesto ahorro (300 millones de pesos) es limitado frente al gasto público total y advierte que “no se justifica una reforma de esta magnitud por beneficios presupuestales marginales”, además de que podría afectar la representación política a nivel local.
Plan B no refleja las preocupaciones de la ciudadanía
Opine subraya, además, que el contenido del Plan B “no refleja las preocupaciones expresadas por la ciudadanía y especialistas” durante las audiencias convocadas por la comisión de reforma electoral. En lugar de atender temas como el fortalecimiento institucional o la mejora en la fiscalización, la propuesta retoma planteamientos previamente rechazados en la discusión constitucional.
En el eje operativo, el informe alerta sobre riesgos en medidas como la realización de cómputos la misma noche de la elección, al considerar que “pueden comprometer la cadena de custodia y la certeza de los resultados”, especialmente en zonas con limitaciones logísticas.
Respecto a la fiscalización, advierte que el problema no es la falta de normas, sino su aplicación, por lo que modificar reglas sin garantizar su cumplimiento efectivo “podría incluso abrir espacios de mayor opacidad”.
Las alternativas que propone Opine
** Fortalecer la fiscalización real.
** Mejorar las capacidades operativas del árbitro electoral.
** Garantizar condiciones de equidad en la contienda.
** Construir reformas con consensos amplios, respetando el diseño constitucional y la distribución de competencias.
Finalmente, Opine advierte que la propuesta de adelantar la revocación de mandato y hacerla coincidir con elecciones intermedias introduce riesgos de inequidad. Señala que esta medida “desnaturaliza el mecanismo de participación ciudadana” y puede convertirlo en una herramienta político-electoral, al tiempo que favorece la polarización y la intervención indebida del poder público en los comicios.
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